Sobreprecios en 16 escuelas: la Justicia define si el caso va a juicio oral

La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los planteos de cuatro defensores contra la acusación del fiscal general Omar Rodríguez por presuntas irregularidades en contrataciones para reparar 16 escuelas de la Cordillera chubutense.

Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García formularon observaciones sobre distintos aspectos de la acusación, entre ellos la descripción de los hechos y el rol que la Fiscalía le atribuye a cada imputado. Además, pidieron la nulidad de la pieza acusatoria al considerar que “se viola el legítimo derecho de defensa”. La resolución de la magistrada definirá si esas objeciones frenan el avance del expediente o si el proceso continúa hacia el debate oral y público ante un tribunal mixto.

Durante la audiencia, Rodríguez rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el planteo busca presentar como cuestiones administrativas hechos que, según la investigación, podrían configurar delitos penales. “Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales. Los imputados tenían relaciones con altos funcionarios del Estado, ministros y diputados que no están sentados acá porque no alcanzaron las pruebas reunidas”, afirmó el fiscal general, que también señaló que “en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”.

La causa analiza contrataciones directas realizadas desde los ministerios de Infraestructura y Educación para trabajos en instalaciones de gas, baños y otros sectores de establecimientos educativos de la comarca andina. Las obras investigadas abarcan escuelas de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila.

Según la acusación, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León habrían confeccionado los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de distintos trabajos. La hipótesis fiscal sostiene que otros oferentes eran invitados a participar de las compulsas aunque se sabía de antemano que no presentarían propuestas, de modo que Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes. Entre las evidencias figuran mensajes de WhatsApp secuestrados de los teléfonos de los imputados, que para la Fiscalía mostrarían acuerdos previos sobre la distribución de establecimientos, además de modificaciones en fechas y formatos de documentación.

Entre las obras incluidas está la de la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 se registró una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y docentes y derivó en una denuncia penal presentada por el entonces gobernador Mariano Arcioni. Los imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado —que se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos—, además de Cottet y Ponce de León. La Fiscalía calificó las conductas como defraudación por administración fraudulenta en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y pidió penas que, según el rol atribuido a cada acusado, van de dos a tres años y seis meses de prisión efectiva, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los casos correspondientes. No se precisó cuándo dará a conocer su decisión la jueza Breckle.